La amnistía provoca fuerte rechazo entre los inspectores de Hacienda, que critican que se perdone a quienes no pagan impuestos

El 72% de los defraudadores que podrán beneficiarse de esta medida, son poseedores de grandes fortunas, que tendrán que pagar sólo un 10%, mientras que los ciudadanos que siempre han cumplido con sus obligaciones fiscales pueden ser cargados hasta con un 52%. Se verán libres, igualmente, de todo tipo de sanciones, intereses o recargos.

Tenemos en democracia dos antecedentes de amnistías fiscales: Una en 1984, con Miguel Boyer como ministro de Economía, y otra en 1991 con Carlos Solchaga a la cabeza del Ministerio. Los resultados no fueron según lo esperado, y Felipe González tuvo que subir el IVA en los presupuestos de 1992. Estas experiencias hacen que los inspectores de Hacienda reciban con gran rechazo esta tercera amnistía fiscal.
Los inspectores ven paradójico que “a los que pagan impuestos se les suban, y a los que no los pagan, se les perdone”, y han insistido en que esta medida dificultará la lucha contra el fraude.

El colectivo de  técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también están en contra de la amnistía, y avisan de que la nueva medida enjugará fraudes millonarios a precio de saldo. Gestha considera, además, que esta teórica regularización fiscal atenta contra el principio constitucional de igualdad tributaria y que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que han estado cumpliendo con sus obligaciones fiscales, y a los que se les grava con tipos de hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con Hacienda pagando sólo el 10%, y sin ningún tipo de intereses, recargos o sanciones.
Los técnicos destacan también que este 10% les parece excesivamente blando, ya que en el 72% de los casos, los defraudadores son poseedores de grandes fortunas y corporaciones. Afirman, igualmente, que esta amnistía fiscal no supone sino un reconocimiento de la incapacidad del Gobierno para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

En cualquier caso, parece que la medida está dirigida a que haya un claro beneficiario, que según el propio colectivo de técnicos del Ministerio, serían los poseedores de grandes fortunas.

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