La reforma del Código Penal y sus irregularidades

La reforma del Código Penal tratará por igual a quienes se opongan violentamente a la policía y a quienes resistan pacíficamente. Además, atenta contra la Constitución y la DUDH.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer la reforma del Código Penal que tiene en mente. Si sale adelante, cualquier tipo de resistencia a la autoridad será considerada delito de atentado a la autoridad, incluida la resistencia pacífica y pasiva, como pueden ser sentadas frente a la policía. Pero esto no es todo. Los convocantes de manifestaciones y protestas que se consideren ilegales y “violentas”, y sean convocadas a través de Internet podrán sufrir condenas mínimas de dos años de prisión, ya que pasará a considerarse “delito de integración en organización criminal”. Pero ni siquiera se limita al caso de “concentraciones violentas”, sino también a aquellas que acaben en violencia, aunque no fueran convocadas con tal fin. También podrán ser sujetos de delito aquellas personas que, aunque no convoquen las concentraciones, se encarguen de difundirlas por la Red.

Según Díaz, con esta nueva reforma del Código Penal se pretende luchar contra la “violencia callejera”, de la cual ya se anunció su equiparación a los delitos de kale borroka en Euskadi. Así, el ministro respalda las declaraciones realizadas por el conseller de Interior catalán, Felip Puig, que afirmó que se trataba de que “la gente tenga más miedo al sistema”. Además, Díaz se defendió asegurando que el Código Penal español no cubre en profundidad este tipo de delitos.

Sin embargo, esta nueva reforma penal que se pretende aprobar merece ser analizada, ya que, en primer lugar, no es cierto que el Código no tipifique estos delitos o lo haga de manera superficial. Más bien todo lo contrario. Están claramente especificados en los artículos 550 y 551:

Artículo 550: Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

Artículo 551 (apartado 1):
 Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos.

Así, se puede ver que se habla exclusivamente de resistencia activa y violenta. La nueva reforma incluiría también la pasiva, que no implica ningún tipo de violencia.

Respecto a la legalidad o ilegalidad de las manifestaciones y las conductas delictivas que pueden derivar de ellas, hay que destacar los artículos 513 y 514:

Artículo 513: Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:
1º) Las que se celebren con el fin de cometer algún delito.
2º) Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso.

Artículo 514: 1. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el número 1º del artículo anterior y los que, en relación con el número 2º del mismo, no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. A estos efectos, se reputarán directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan.
2. Los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente peligrosos serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. Los Jueces o Tribunales, atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del caso y características del arma o instrumento portado, podrán rebajar en un grado la pena señalada.
3. Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas, serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad superior.
5. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme a los apartados precedentes.

De nuevo se hace referencia a la violencia como única acción merecedora de castigo. En el punto 5 podrían apoyarse los defensores de la reforma penal para justificar las actuaciones policiales, al hablar de manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas. Algo así como “el que avisa no es traidor”. Sin embargo, hay que leer la frase completa. Dice explícitamente que es una conducta punible siempre y cuando la manifestación pretenda alterar gravemente la paz pública. Claro que es algo muy subjetivo.

Asimismo, hay un artículo que debería aplicarse el propio Gobierno, el apartado 4 del artículo 514:

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.

Otra cuestión importante y que bajo ningún concepto debe pasar desapercibida es que esta nueva ley, en tanto que penaliza las protestas pacíficas y pone a los asistentes al nivel de los delincuentes, e incluso “terroristas”, es ilegal y atenta contra los principios más básicos de la Constitución Española y también contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Respecto a la primera, protege como derechos fundamentales que serían objeto de esta ley los siguientes:

El artículo 20, en su primer apartado, que reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

El artículo 21: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

En el ámbito internacional, esta reforma atentaría, a su vez, contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), de la ONU, en los siguientes principios:

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20 (en concreto el primer apartado): Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Este artículo 30 de la DUDH merece una breve explicación, ya que prohíbe a cualquier actor, ya sea un ciudadano o el propio Estado, suprimir cualquiera de estos derechos.

Después de esta exposición de artículos jurídicos que respaldan estas libertades tan básicas, y de poner de manifiesto que en ningún caso el Código Penal se deja nada en el tintero, es momento de reflexionar. Esta nueva ley afectará tanto a los violentos de las concentraciones como a los asistentes que opongan una resistencia pacífica a la policía, y se equipararán sus delitos. Además, afecta a la libertad de expresión y prensa, al condenar también la difusión de los actos a través de la Red, e incluso pudiendo llegar a analizar tweets de personas anónimas como medida de control, como ya anunció Felip Puig en Catalunya.

Por otra parte, España es el país con menor índice de criminalidad en Europa Occidental. Sin embargo, tiene la mayor tasa de presos. Y, en relación a las declaraciones de Fernández Díaz en cuanto a la flexibilidad del Código Penal, en comparación con otros Códigos europeos, el español es de los más duros y restrictivos.

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