Cuestiones sobre la doctrina Parot

Durante estos días se está escuchando mucho hablar en los medios sobre la doctrina Parot, debido a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón a la etarra Inés del Río y ha decidido que se deje de aplicar esta doctrina sobre ella, que debe ser excarcelada inmediatamente –lo que ha sucedido hoy– e indemnizada con 30.000 euros por daños morales y 1.500 por gastos y costas.

La televisión ha mostrado una imagen apocalíptica de este hecho, dando a entender que todos los presos de ETA y todos los violadores van a salir directamente a la calle. Solo con la boca muy pequeña han dejado caer que la sentencia es individual, aplicada solo al caso de Inés del Río. Con todo, el bombardeo de información es fugaz, y es normal que aún mucha gente no sepa qué es exactamente la doctrina Parot, por qué se ha aplicado y por qué Estrasburgo la ha rechazado. En este artículo se exponen los principales puntos de esta doctrina y por qué Europa ha considerado que vulnera los derechos humanos de los presos.

¿Qué es la doctrina Parot?

Parot es una doctrina derivada de una sentencia. En concreto, la que el 28 de febrero de 2006 falló el Tribunal Supremo contra el recurso del etarra Henri Parot, acusado de asesinar a ochenta personas, que pidió salir en 2011 por reducción de condena. Había sido condenado a 4.800 años de cárcel por 26 condenas distintas y fue el primero al que se aplicó esta doctrina. La sentencia dictaba que “la ejecución de la totalidad de la condena […] comenzará con las penas más graves” y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una de ellas. Por lo tanto, cuando terminara de cumplir una condena comenzaría la siguiente, y así sucesivamente hasta los 30 años de condena máxima estipulados por ley. Así, por más beneficios penitenciarios que acumulara, no se descontarían de la totalidad de los 30 años, sino a cada una de las condenas, y así tendría que cumplir las tres décadas íntegras.

¿Por qué vulnera los derechos humanos?

Después de esto, la doctrina Parot se fue aplicando a muchos presos, especialmente etarras, aunque también algunos violadores y delincuentes comunes. El problema es que todos habían sido condenados antes de esta sentencia, por lo que vulnera la Constitución Española, que en su artículo 9 prohíbe la retroactividad de las normas, además del derecho a la libertad y a la igualdad establecido en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, lo que Europa ha condenado es la imposición de penas a posteriori, cuando en el momento del juicio original los beneficios penitenciarios se aplicaban sobre la totalidad de la condena. Según Estrasburgo, no se pueden cambiar las reglas a mitad del juego. El Tribunal Supremo cambió la forma de interpretar las condenas y, por lo tanto, alargó las mismas de forma retroactiva, lo que, como ya hemos dicho, es ilegal. La Sentencia de Estrasburgo señala lo siguiente:

El tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2005 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena.

Sabiendo todo esto, hay que pasar a hablar de los medios de comunicación. Como ya hemos visto, están dando la imagen de que todos los etarras y violadores van a salir de la cárcel inmediatamente, como si, en primer lugar, llevaran cumpliendo condena apenas dos días; y, en segundo lugar, no se fueran a revisar las condenas individualmente. El TEDH ha dejado abierta la puerta para que los presos condenados antes de la doctrina Parot y a quienes igualmente les fue aplicada puedan pedir una revisión de su condena. De cualquier manera, esta revisión no implica necesariamente la aceptación y puesta en libertad de los presos. Y los etarras que sí van a ser excarcelados porque pidieron la revisión después del recurso de Inés del Río en 2012 no llevan un mes cumpliendo condena, sino que la mayoría ha pasado 25 años en prisión, y en ningún caso han cumplido menos de 20 años de condena. Claro que es discutible si estos años son suficientes o no para pagar por sus crímenes, pero lo que no se puede hacer es alterar las normas del juego a mitad de la partida en un Estado que se hace llamar democrático. Eso es lo que ha condenado Estrasburgo por unanimidad. Respecto a Inés del Río, debería haber salido de prisión en 2008, pero la aplicación de la doctrina amplió su condena hasta 2017.

Como párrafo de reflexión final, me gustaría apuntar que España es uno de los países de la Unión Europea donde hay menor índice de criminalidad y, sin embargo, donde más presos hay en las cárceles. Esto no es motivo de orgullo. Tal vez estemos más interesados en la venganza que en la justicia. De cualquier manera, es lógico que las víctimas de cualquier tipo de delito deseen las condenas más largas, e incluso la muerte. Es lo que cada uno de nosotros, como seres humanos, haríamos y desearíamos a nuestros verdugos. Sin embargo, si existe un Estado democrático, debe ser garante de derechos, también para los condenados. ¿Acaso debemos dejar todo en manos de la venganza? Un Estado debe ser capaz de hacer justicia, no venganza. Si queremos venganza, no hay más que dejar a los condenados en manos de las víctimas o familiares de éstas. En mi opinión, es terrible la apelación a las entrañas que hacen los medios. Claro que cualquiera de nosotros deseamos que un criminal no salga de la cárcel, pero no debemos ser nosotros quienes juzguen, sino un sistema judicial equitativo, capaz de canalizar ese odio natural y que ante todo garantice los derechos, tanto de las víctimas como de los condenados, que también los tienen, debido a su condición de seres humanos.

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