La ley más medieval del aborto

Ayer, el Gobierno cumplió por primera vez un punto de su programa electoral, y probablemente el único que no debía cumplir. El Consejo de Ministros aprobó la reforma de la ley del aborto, que restringe considerablemente los derechos de las mujeres a decidir. Esta nueva norma, con el nombre de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, elimina por completo la libertad de interrumpir el embarazo y vuelve a la ley de 1985, incluso antes. El aborto queda despenalizado en las mismas tres situaciones, pero con exigencias distintas:

  • La violación. Si una mujer es violada, puede abortar, pero sólo durante las 12 primeras semanas, y siempre habiendo denunciado previamente a su agresor.
  • El riesgo físico o psicológico para la madre.
  • La malformación del feto, que puede no considerarse una de estas situaciones, ya que queda relegada a las anomalías extremas, que sean incompatibles con la vida. Serán necesarios los informes de dos especialistas distintos y de diferentes centros, uno que diagnostique la enfermedad del feto y otro que evalúe los daños psicológicos que puede sufrir la madre. El periodo máximo para abortar en este supuesto es de 22 semanas.

Después de haber pasado por esa fase de informes médicos, la mujer será sometida a charlas informativas sobre las consecuencias de la intervención y las ayudas a la maternidad, lo cual actualmente suena sin duda a sorna y burla cruel. Pero todavía no ha terminado el proceso. Después de esto debe transcurrir un periodo mínimo de siete días de reflexión para que la mujer piense lo que va a hacer. Es decir, el proceso se alarga infinitamente con el objetivo de que transcurra el tiempo y así la mujer abandone su determinación de interrumpir el embarazo. Pero, además, sabiendo que su feto tiene una malformación grave, todavía tiene que verse humillada escuchando charlas para disuadirla. También cabe añadir que, en caso de que una mujer aborte fuera del plazo estipulado o en supuestos no recogidos –es decir, en pleno ejercicio de lo que debería ser su derecho–, no será penalizada, pero sí lo será el profesional que realice la intervención. Una medida para disuadir también al personal médico y que obedezca a pies juntillas la norma.

Pero la cosa no acaba ahí. Alberto Ruiz-Gallardón todavía tenía más que decir. En una especie de sarcasmo retorcido y macabro, justificó la nueva ley haciendo una defensa de las personas discapacitadas: “Ninguna anomalía es en sí misma desmerecedora de los derechos de protección”, declaró. “No hay embriones de primera y de segunda”. Mientras el ministro de Justicia enarbola la bandera de lucha por los discapacitados, cada día desaparecen más ayudas a la dependencia, que dejan desamparadas a miles de familias.

Parece una constante en este Gobierno la defensa del que aún no ha nacido. Pero, sin embargo, destroza a los que ya han nacido, tanto adultos como jóvenes, y sí, también los niños. Como en marzo de este año, cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha denegó el transporte sanitario a un bebé de cinco meses con un 70 por ciento de discapacidad. O hace un mes, en noviembre, cuando también el Gobierno de Cospedal retiró la ayuda económica a un niño de siete años con parálisis cerebral severa. En ambos casos tuvo que echar marcha atrás debido a las presiones recibidas, pero esto muestra perfectamente la doble moral de quien gobierna este país.

Desde la promulgación de la ley del aborto del PSOE en 2010, muchos medios de comunicación conservadores se han hecho eco del supuesto aumento del número de abortos. Pero no hay que olvidar que antes de la ley se hacían clandestinamente y no quedaba constancia. Siempre se ha abortado y siempre se abortará. La cuestión es si se ofrecen a todas las mujeres los mismos derechos o sólo a aquellas que pueden pagar una clínica privada o marchar a Europa. La clave se encuentra, de nuevo, en los privilegios de unos pocos. La doble moral de la derecha religiosa más reprimida, cuyos miembros van el sábado al burdel y el domingo a misa. Y, dentro del clero, como ya sabemos, la pederastia todavía campa a sus anchas, ante la impunidad de la que gozan estos enfermos, con el visto bueno del Vaticano. Esa derecha religiosa más reprimida, que siempre ha rechazado cualquier progreso, empezando por el divorcio, cuando, eso sí, el marido tenía tres amantes distintas. Y la niña se quedaba embarazada y la familia callaba, llevándola a abortar a Londres o Ámsterdam.

El debate no es aborto sí o no, sino la responsabilidad y concienciación que se debe proporcionar a los jóvenes. El ala más reaccionaria ha llegado a pensar que las mujeres usarían el aborto como método anticonceptivo. Eso demuestra de por sí la baja consideración que tienen por la inteligencia femenina. Ninguna mujer en su sano juicio sería capaz de acudir a abortar cada vez que mantenga relaciones sexuales o tomarse el aborto como una excusa para no usar protección. No se trata de prohibir, sino de concienciar. En primer lugar, educación sexual en los colegios. Esta educación conlleva una concienciación sobre los métodos anticonceptivos, y su uso, a su vez, disminuye el número de abortos. Pero no se puede arrebatar a una mujer este derecho, porque puede quedarse encinta por mil razones distintas, y pensar que el embarazo siempre se produce voluntariamente es una banalización del tema con consecuencias como la que estamos sufriendo.

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